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viernes, 28 de junio de 2013

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL




¡ABAJO EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIO CIVIL!



El actual gobierno de derecha que encabeza Ollanta Humala, mantiene, defiende y busca desarrollar el actual sistema capitalista de explotación que se sustenta en la plusvalía que sacan del despellejamiento  del proletariado, de la  succión de la energía  y sangre del pueblo. Como parte y en función de eso, lleva adelante su  plan económico de nueva acumulación originaria esquilmadora de la clase y del pueblo así como de los recursos naturales, en ese sentido y buscando impulsarla adopta medidas dice que de reformas del Estado, pero que en esencia implica arrasamiento de los derechos laborales de los trabajadores estatales. El “Proyecto de Ley de Servicio Civil” que buscan aprobar sí o sí,  es parte de la necesidad de las clases dominante, de ahí que además del  gobierno y sus lacayos, es avalada entre otros, por la CONFIEP  y ADEX que claman por su aprobación propugnando la “flexibilidad laboral” y la tan cacareada “meritocracia”, el eficientismo que el neoliberalismo proclama y difunde, pero, ¿qué significa para los trabajadores? A partir de la negación del derecho  a la negociación colectiva y la implementación de evaluaciones punitivas tras que “quedan los más eficientes” “los que más rinden”, implica sometimiento total a los mandatos del empleador en lo remunerativo, condiciones de trabajo, etc., y evidentemente  la pérdida de la estabilidad laboral,  por lo que existe una amenaza real  de  despidos masivos, además, como la experiencia enseña, tras las llamadas evaluaciones se fomentará el clientelismo político para buscar atar a los trabajadores a intereses de la gran burguesía compradora y utilizarlo en función de sus necesidades y las contiendas electorales.

Saludamos y apoyamos las luchas de los trabajadores estatales que  se viene desenvolviendo en todo el país, expresa la combatividad de nuestro pueblo que rechaza el plan económico que el Estado a través del gobierno impulsa, expresa la defensa de sus derechos laborales y  fundamentales, derecho al trabajo, a su subsistencia y bienestar. Rechazamos y condenamos la represión que el gobierno da como respuesta, todos somos testigos cómo las fuerzas policiales desatan su ira y violencia contra hombres y mujeres de nuestro pueblo, esa es la violencia que los explotadores santifican y a la cual acuden para seguir manteniendo y ejerciendo su dominio y explotación.

Finalmente, una vez más reiteramos nuestra posición de estar junto a nuestro pueblo, de luchar por la defensa de sus derechos fundamentales y del pueblo, de servir a la unidad de nuestro pueblo contra el imperialismo, la reacción y el Estado reaccionario, pues nos obstante sus divergencias, nuestro pueblo tiene profundo intereses comunes que los une, y en estas circunstancias, corresponde  seguir desenvolviendo las luchas, las movilizaciones, pues también está en la experiencia del pueblo que ¡todo se consigue con lucha! Y ¡Cuánto más luchas menos pierdes!, creemos además que frente a las agresiones, le asiste el justo derecho a ejercer su defensa.



¡VIVAN LAS LUCHAS DE NUESTRO QUERIDO PUEBLO!
¡DEFENDER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO!
¡ABAJO LA LEY DE SERVICIO CIVIL!¡NO A LOS DESPIDOS MASIVOS!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ESTATALES!
¡ABAJO LA REPRESIÓN CONTRA LA LUCHA 
DEL PUEBLO



Lima 28 de junio del 2013                                                                               MOVADEF

jueves, 27 de junio de 2013

La lucha por los derechos fundamentales del proletariado minero en La Rinconada

 
La clase obrera y el pueblo en su larga brega y lucha contra el sistema capitalista, debe proseguir combatiendo al neoliberalismo, la globalización y el plan económico de nueva acumulación originaria, enarbolando las banderas que estableciera Carlos Marx hoy plenamente vigentes y a la orden del día: salario, jornada y condiciones de trabajo.
 
A más de 5000 msnm se encuentra una de las ciudades más altas en el mundo, el centro poblado de La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno. Lugar donde cientos de familias obreras sobreviven a las condiciones de explotación y opresión a la que este sistema las condena. En nuestro país, existe la grande, mediana y pequeña minería; en el caso de las dos primeras el sistema capitalista lleva adelante su agresivo plan de nueva acumulación originaria bajo una legislación que los beneficia ampliamente, esquilmando a la clase y el pueblo, así como despojándola de sus medios de producción, sumiéndolas en las peores condiciones, negando derechos y libertades que la propia legislación reconoce.
 
Pero es en la pequeña y la microminería donde se ubica principalmente la minería llamada informal,  a la que el Estado busca demarcar geográficamente y controlar a favor de la gran minería. Al Estado no le interesa el proletariado minero ni sus derechos fundamentales, sino la concentración de capitales, por eso pretende formalizarlos para controlar su actividad e imponerle tasas tributarias.
 
Sin embargo, este tipo de minería informal actúa con el aval de los gobiernos de turno. Ahí están los casos de congresistas como el aprista Tomás Cenzano, quien en 2010 generó polémica por ser concesionario en La Rinconada y deber a la Sunat más de S/. 400 millones o el fujimorista Francisco Ccama, accionista de un empresa de extracción de oro en Ananea, quien tenía denuncias por contaminación ambiental en el río Ramis.
 
Cerca de 15 000 obreros, entre hombres y mujeres que venden su fuerza de trabajo en las distintas faenas,  lo hacen en las peores y más crudas condiciones. Cada día es una suerte seguir con vida y no morir en la mina, al año fallecen entre 40 y 50 mineros por no contar con los  medios de protección necesarios, a pesar que existen reglamentos a nivel nacional e internacional que resguardan la seguridad y la salud de los trabajadores.Así al proletariado se le explota para beneficiar al sistema opresor, por lo que la clase y el pueblo nada deben esperar de quienes tienen el poder,  sólo a través de sus luchas y bajo una dirección proletaria podrán desarrollar su propio camino. Se tiene que defender el derecho al trabajo como derecho fundamental del pueblo y exigir las demandas concretas establecidas como ¡Defensa de las condiciones de trabajo de la clase obrera! ¡Exigimos que toda empresa garantice el costo de los implementos de trabajo y las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores!,  ¡Exigimos que los empresarios asuman las implicancias económicas, legales y de cualquier índole de los  accidentes o enfermedad de trabajo! y ¡Exigimos el derecho de los trabajadores mineros a trabajar en un ambiente seguro y ventilado!
 
En socavones de 400 metros o más el proletariado minero lleva una lucha diaria por sobrevivir, respirando poco oxígeno y más gases tóxicos nocivos para la salud sin los elementos necesarios para protegerse, además de trabajar a temperaturas a más de 15 grados bajo cero. Entre las faenas que se realiza también tenemos a las mujeres obreras llamadas pallaqueras, compuesta por las esposas de los obreros que a la vez son amas de casa, madres solteras, o quienes han perdido a sus esposos en la mina;  son ellas las que forman parte del último escalón de la cadena de búsqueda del oro. Su trabajo consiste en seleccionar manualmente con un rastrillo, las rocas con contenido de oro que se hallan en los desmontes desechados por la mina para luego ser llevado a los molinos locales y separar el oro.
 
“En la mina nuestros esposos trabajan, pero no traen mucho,  en un mes  200, 300 soles no alcanzan para nada, para pagar el agua para la luz, por eso nosotros pobres venimos a pallaquiar al desmonte. El gobierno nos quiere matar de hambre.”,   es uno de los tantos testimonios que recogimos como parte de una investigación realizada el año pasado.
 
Mujeres que por su doble opresión son aherrojadas al incorporarse al sistema productivo general para la generación de mayor plusvalía a costa de desangrarlas explotándolas y arrasando sus derechos. Mientras su compañeros de clase se ven sujetos a trabajar mediante la modalidad de “cachorreo”, que consiste en trabajar gratis en un socavón para un contratista; luego de 30 días de avanzar y perforar la roca, éste les paga con uno o dos días más para extraer de 3 ó 4 perforaciones todo lo que saquen en oro y la ganancia sea repartida entre unos 300 mineros. Modalidad que viene desde la época de la Colonia y es una expresión de los rezagos semifeudalesque existen en una sociedad que hoy es capitalista y dependiente del imperialismo, tras haberse desenvuelto todo un proceso de 100 años de capitalismo burocrático y veinte de neoliberalismo.
 
El 76.6% de la población de La Rinconada se dedica a las labores minero-artesanales trabajando para contratistas, y el resto lo hace de forma independiente o como intermediarios. Y pese a las extenuantes horas en las que venden su fuerza de trabajo, más del 70% de los obreros mineros reciben ingresos por debajo de los 650 soles. En el actual sistema capitalista el salario no permite cubrir las necesidades elementales, es decir los medios necesarios para la subsistencia del obrero y su familia, por lo que su incremento debe darse de acuerdo al costo de vida. Por ello: ¡Exigimos que el salario sea establecido en base a la composición de una canasta básica que contemple: alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, recreación y cultura, e incluso transporte y comunicación! ¡Respeto a la jornada de 8 horas! En trabajos nocturnos exigir: jornada más corta, mayor remuneración y en condiciones más reparadoras.
 
El actual gobierno de derecha  de Ollanta Humala viene desarrollando su plan económico de nueva acumulación originaria de capital, de mayor explotación y esquilmación a la clase, el pueblo y los recursos naturales.  Plan que consiste en el despojo de los medios de producción, en la concentración de tierras principalmente en el norte, en la redoblada represión que no benefician ni a la clase ni al pueblo. Y un plan político de unir a todos los defensores del sistema para impedir que el camino del pueblo se desenvuelva, desviándolo con programas sociales que sólo son migajas, paliativos que no solucionan el problema de fondo.  A la par, la lucha popular masiva se sigue desarrollando, y vemos cómo la clase obrera y el pueblo expresan su rechazo al desenvolviendo de estos planes y luchan contra la apropiación de la tierra, por defender los recursos naturales, contra la expansión minera, además de la vigencia de las tres banderas de la clase: aumento de sueldos y salario, respeto de las ocho horas y mejores condiciones de trabajo. De lo que se deriva que la contradicción principal pueblo- Estado se viene agudizando.
 
Una ciudad hacinada y tugurizada
 
En menos de 30 años el centro poblado creció considerablemente llegando a tener más de 10 mil habitantes, la mayoría son de otras provincias.
Así tenemos que el 31.2% son de  San Antonio de Putina,  el 28.3% de Azángaro, 13.2% de San Román, 7.5% Sandia,  5.4% Huancané.
 En La Rinconada, la población vive sin agua y desagüe, la mayoría sin fluido eléctrico, y las condiciones sanitarias son deplorables llegando al extremo de ver las calles infestadas de basura y desechos.
 
¡Respeto al derecho a la sindicalización y la huelga!
 
“Uno ya no puede abrir la boca por el temor de que nos metan presos. No hay sindicato, no hay unión” es  la opinión de un obrero minero. En el centro poblado,  el derecho a la sindicalización no es respetado, siendo una conquista de la clase que ha costado la vida de muchos que lograron alcanzar este derecho, estipulado en la Constitución, de lo cual deriva exigir que se respete.  La clase debe tener como una de las formas de organización a los sindicatos para combatir por sus derechos políticos y sociales en función de la brega del proletariado por el cumplimiento de su papel histórico en perspectiva.  Así como el derecho a la huelga, como forma principal de lucha en el campo económico. La libertad de los obreros es hacer huelga, la del burgués, usar la fuerza, la represión para deshacerla. Debemos exigir: ¡Conquista del derecho a la sindicalización de todos los trabajadores contratados temporalmente bajo cualquier modalidad! ¡Respeto irrestricto al derecho a huelga! ¡No a las reglamentaciones legales!
 
A todo esto, concluimos que el proletariado minero informal o artesanal debe organizarse para luchar por defender las tres banderas tales como salario, jornada y condiciones de trabajo, exigiendo se respete su derecho al trabajo y que la actividad laboral que realiza es legítima porque con ello lleva sustento a su hogar. De allí la necesidad de que se le garantice su derecho a la salud y jubilación, a la sindicalización como un derecho arrancado por la clase y el pueblo. Así como exigir sean beneficiados del canon minero que administran las regiones con conquistas que le han sido negadas, como programas de vivienda, luz, agua, desagüe, telefonía; educación básica y superior, entre otros. Sólo bajo estas condiciones podrá darse la lucha por la formalización, la cual debe ser la lucha por el reconocimiento de su actividad laboral y derechos fundamentales.
 
Apuntes:
-La producción de oro en La Rinconada en el 2010, se calculaba entre 2 y 10 toneladas anuales, cotizándose en el mercado formal entre los US$70 y US$ 300 millones.
-Número de contratistas en el 2010; 1200 agrupados en 200 compañías y 3 cooperativas.
-La Rinconada sigue siendo considerado uno de los centros poblados con altos índices de pobreza en el departamento de Puno.
 





 

Sobre la llamada Ley de Negacionismo

 
El Gobierno de Ollanta Humala para  desarrollar el sistema capitalista explotador y opresor viene aplicando un plan político de unir a todos los defensores del sistema para  impedir que el camino del pueblo se desenvuelva o haciendo que éste se desvié, y  sin ninguna voz discrepante, reprimiendo, sin oposición o rechazo del pueblo  tener las manos libres para seguir aplicando su plan económico de nueva acumulación originaria que implica mayor opresión, explotación y esquilmación de la clase, el pueblo y los recursos naturales, plan que nuestra organización ha desenmascarado y lo viene combatiendo. Hace más de un año sirviendo a estos planes desataron una persecución política contra los marxista-leninista-maoístas, pensamiento Gonzalo, contra el movadef, contra todo aquel que discrepe del régimen y contra todo el pueblo.
 
Es dentro de estos planes que se enmarca el proyecto de ley del negacionismo que apunta a imponer una sola versión de los sucesos del 80 al 92, dar por cerrado el debate sobre este tema  y encarcelar a quienes discrepen de dicha versión, pues para el estado “negar” es sinónimo de “contradecir” la tipificación de terrorismo que sus leyes antisubversivas han impuesto a la  guerra interna en el país, pero en el trasfondo, esta, apunta a contener la lucha del pueblo por la defensa y restitución de sus derechos, beneficios y libertades democráticas, por lo que nadie que se precie de demócrata puede permitir que en un estado de derecho pueda imponerse una ley de esta naturaleza.
Frente al desarrollo del MOVADEF, el estado invocó una “lucha” contra el llamado terrorismo, llamando a la “unidad” de todas las fuerzas políticas y presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 1464/2012 que plantea incorporar en el Código Penal el artículo 316º-A “delito de negacionismo”. Luego las comisiones de justicia y de constitución emitieron un dictamen conjunto, agravando el tipo penal y proponiendo penas de cárcel aún mayores que van desde 8 hasta 15 años.
 
Aquí el texto listo para ser debatido y promulgado en el Pleno del Congreso:
“Artículo 316-A.- Negacionismo de los delitos de terrorismo
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, el que públicamente niegue cualquiera de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Legislativo 046, el Código Penal de 1924 modificado por  las Leyes 24651 y 24953, y el Decreto Ley 25475, o la calidad de autor o participe de una persona respecto de esos delitos, establecidos en sentencia firme, con la  finalidad de promover  la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas.
Si  la  negación   se realiza a  través  de  medios  de  comunicación  social o mediante el  uso de tecnologías de la información y comunicaciones,…,imponiéndose trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del Artículo 36 del código penal”
 
Así, no se puede tipificar ni judicializar opiniones sobre un hecho eminentemente político, que tuvo causas económicas, políticas y sociales, que tiene una verdad histórica, tampoco puede reducirse un hecho político a un acto judicial. La justicia no resuelve los hechos políticos. En un proceso judicial quien tiene el poder se impone contra quien no lo tiene, y en este caso siendo una guerra, una parte prevaleció contra otra e impuso su verdad y la erigió en ley castigando a los participes, quitándoles su libertad y su derecho a exponer las motivaciones que los llevaron a rebelarse. Además está el hecho de que se está persiguiendo penalmente e…  como versión “legal” y única la de quienes vencieron: el Estado, y a quienes opinen distinto se les pretende aplicar dicha ley.
 
También es necesario rechazar  las posiciones vertidas dentro de la exposición de motivos del dictamen que quieren hacer una  analogía de está ley con otras leyes dadas en Europa contra el negacionismo al Holocausto Nazi, tomando esta experiencia totalmente distinta y confundir siniestramente hechos históricos, que no se asemejan en nada, ciertamente existen leyes en  otros países que se crearon para condenar la negación al genocidio nazi que es reprobado por toda la humanidad en su conjunto, sin embargo  hay sectores de la reacción en Europa Oriental  que pretenden extenderla al supuesto negacionismo del llamado “genocidio comunista”  o como actualmente vemos en el caso de España donde  también pretenden emparentarla con la acción de ETA para oponerse a una solución política al conflicto vasco, en Rwanda el régimen de Kagabe ha establecido que solo hubo genocidio contra los Tutsi y no contra los Hutu como verdad del Estado con el fin de eliminar opositores y perpetuarse en el poder con el apoyo del imperialismo norteamericano, y en nuestro país quieren aplicar este engendro reaccionario siguiendo la experiencia de la reacción a nivel internacional, sirviendo a la política del imperialismo norteamericano en la lucha contra el llamado terrorismo que apunta a criminalizar las luchas de los revolucionarios y de los pueblos y naciones oprimidas en el mundo, con el despropósito monstruoso de querer comparar la subversión en el Perú, y exculpar la acción genocida del Estado peruano en la guerra interna.
Sin embrago existen críticas y opiniones divergentes en los diferentes sectores en torno a esta ley. Aldo Mariátegui o el Comercio en contra, la  del abogado penalista Julio Rodríguez, quien afirma que con esta ley “se estaría castigando formas de pensar, se estaría castigando ideologías, en el estado democrático de derecho no se puede castigar ideologías, ni formas de pensar”, Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, también se manifestó en este sentido al afirmar que colocaría en peligro el derecho a la libertad de expresión, o las declaraciones  de  Ántero Flores-Aráoz  del PPC, quien planteó que “bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, la Ley de Negacionismo pretendería propiciar un pensamiento único, lo que es autoritario y atentatorio de las libertades ciudadanas”, entre otras declaraciones; y hay quienes han enfatizado bastante el atentado y amenaza a la libertad de expresión como Augusto Álvarez Rodrich quien dijo que “Este proyecto de ley es un mamarracho propio de una autocracia”,  Rosa María Palacios quien refirió que “No se combate el terror con el silencio y la uniformidad histórica, salvo que estemos en un régimen totalitario”  y Cesar Hildebrant quien al manifestar  su cuestionamiento dijo que  “el derecho a emitir una opinión es inalienable”.
Pero principalmente en el campo del pueblo las masas expresan su rechazo. Hace poco se desarrolló una marcha contra la mordaza convocada por los gremios de periodistas para protestar contra esta ley; y cabe señalar que últimamente la Convención Americana de Derechos Humanos ha manifestado en el marco de la audiencia su 147° periodo de sesiones y audiencia sobre la libertad de expresión en el Perú que revisará las serias violaciones del derecho a la libertad de pensamiento y expresión que tiene el dictamen de esta Ley.
 
Por otro lado, en el campo jurídico es necesario señalar que lesiona y atenta contra el derecho a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, el derecho a  conocer la verdad histórica de la guerra interna, el derecho de investigar, informar, opinar, y difundir libremente las diversas posiciones y opiniones que existen, derechos que han sido reconocidos en la propia Constitución política del Perú en su Artículo 2°, Inciso 3 que indica que todos los peruanos tenemos derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada, que no hay persecución por razón de ideas o creencias, y no hay delito de opinión, o el Inciso 4 que nos plantea que las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, se deben de respetar sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, entonces nos preguntamos ¿Qué tendrían que hacer para aplicar esta ley? Violentar la  constitución.
 
Además que a nivel internacional contraviene y viola derechos protegidos por el  Pacto de Derechos Civiles y políticos que en su Artículo 19.1.  Dispone que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.”, o los reconocidos en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) De Haes y Gijsels c. Bélgica de 24 de febrero de 1997, que en su párrafo 49 dice que “(…) la libertad de expresión es válida no solamente para las informaciones o las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población”, y en la Convención Americana de Derechos Humanos que sobre la Libertad de Pensamiento y de Expresión  en su artículo 13 señala que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura  3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
 
Entonces  con la pretendida aprobación de este reaccionario proyecto de ley el Estado estaría violando diversos derechos  constitucionales, imponiendo  una mordaza a todo aquel que discrepe con su  única versión, “oficial”, sobre  lo que ocurrió en nuestro país desde 1980 hasta el 92, buscando imponer como única verdad incuestionable el llamado terrorismo, para perseguir, detener y enviar a prisión a quienes no  comulguen con él, por ello, seguimos manteniéndonos firmes en nuestra posición de ¡Luchar por los derechos fundamentales del pueblo! Y ¡Solución Política, Amnistía general y Reconciliación nacional!
 
Frente a todo ello, obreros, campesinos, estudiantes y demás sectores del pueblo, debemos unirnos para seguir luchando por nuestros derechos fundamentales y como parte de ello defender nuestro derecho a la libertad política: Por derecho a la organización, tal como contempla la constitución y los tratados internacionales. Por respeto irrestricto de las libertades de opinión, pensamiento,  expresión, prensa y difusión e información, así como de investigación.

 

Sobre la lucha del pueblo de Cañaris


En defensa de sus recursos y contra la expansión minera

 
Sobre la lucha del pueblo de Cañaris

 
El presente artículo es producto de una investigación realizada para difundir la situación en que vive el pueblo de Cañaris, donde el pueblo se enfrenta a  la expansión minera que se apropia de sus tierras, por el agua, en defensa de sus derechos fundamentales.

 Cañaris es un pueblo a unos 2400 metros de altura, dentro del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe y departamento de Lambayeque; enclavado en los Andes, extremo nororiental del departamento, aún conserva el idioma quechua y algunas tradiciones incas (por ejemplo, la denominada “minga”, variante de la “minca”). Aunque son duramente golpeadas por la pobreza y la desnutrición, esto no impide que las masas campesinas  de todo corazón nos brinden posada y comida calentada en rojas brasas. Así, la mejor lección de entrega nos la dan quienes poco o nada tienen.

El distrito de Cañaris cuenta con 78 caseríos y 6 anexos, organizados en dos comunidades: San Juan de Kañaris y Túpac Amaru II.

La agricultura de autoconsumo es la actividad económica principal del valle. Se realiza al secano, es decir depende de las lluvias que traen los vientos entre octubre y noviembre; en ciertos lugares se practica la agricultura destinada al comercio con las ciudades (en Huacapampa el café, en Atunpampa la naranja). La ganadería ocupa el segundo lugar en las partes altas del valle; el comercio se realiza con mercadería traídadesde la ciudad de Pucará, a través de carreteras intrincadas pero seguras. Así pues la producción agrícola es la actividad más importante de vida comunitaria.

Cañaris es uno de los pocos distritos lambayecanos que conservan un inmenso bosque húmedo, importante reserva inagotable de diversidad biológica y cuencas hidrográficas; de aquí nacen los ríos Kañariacuy Atun Yacu, el primero desemboca en el río Huancabamba e irriga el Valle de Pucará; y el segundo se une al canal Huayabamba e irriga el Valle de Motupe. En su comprensión territorial también se encuentra las lagunas Tembladera y Shin-Shin. Además, en recientes descubrimientos se encontró en Congona – Cañaris vestigios arquitectónicos de la cultura Chavín.  Los paisajes naturales son de una belleza tal que bien merecen los extenuantes recorridos.

 
Actualmente, sobre los terrenos de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris, con 45 000 Ha. aproximadamente,  se ha establecido la empresa minera Cañariaco Copper Perú S.A.” (antes “Oro Candente”, luego “Exploraciones Milenio”, filial de la empresa canadiense Candente Copper Corp.), cuyo gerente general es el Ing. Marco Alejandro Marticorena Quevedo, y cuya sede está en la calle Antequera 777, Of. # 1101, San Isidro, Lima. Su oficina de administración está en Chiclayo, calle Los Sauces N° 750, Urb. Santa Victoria. Desde el año 2001 esta empresa adquirió las concesiones mineras Cañariaco A, Cañariaco B, Cañariaco C, Cañariaco G, Cañariaco F1, Cañariaco U, Jehuamarca 1 y Jehuamarca 2.

 
Abusos contra el pueblo

 En todo este tiempo la empresa ha conformado los llamados “comités de gestión”, que han sido los instrumentos para imponer sus negros intereses, engañando a los comuneros con salarios diarios de 50 soles y proyectos que no representan avance para la comunidad. Los compromisos de la empresa sobre educación, desarrollo de técnicas agropecuarias, pagos de servidumbre, becas, etc.,  sólo han quedado como letra muerta en el papel; en la realidad han mostrado su desprecio, prepotencia y burla hacía la comunidad.

La justa lucha del pueblo de Cañaris se origina por la expedición de la Resolución Directoral N° 0177-2012 del Ministerio de Energía y Minas del 30 de mayo de 2012, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto de exploración minera Cañariaco, presentado por Cañariaco Copper Perú S.A.; en consecuencia el MINEM autorizó a dicha empresa por 17 meses para realizar actividades exploratorias. Esto choca con lo dispuesto en el literal “a” del numeral 1 del artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, que establece la obligación de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

 
Empresa  Monta 

“Asamblea”

 Para sortear este entrampamiento legal la empresa tramó una “asamblea general de comuneros por convocatoria judicial”. Tal como se expone en la Carta N°-009-2012-CCSJC recibida por el Ministerio de Energía y Minas, con registro documentario N° 2214791, el requerimiento de convocatoria de asamblea general realizada por el comunero Elías Palomino Julca y otros no cumplió con lo establecido por el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas, pues para que haya asamblea el pedido deben hacerlo la quinta parte de los comuneros calificados (867 de un total de 4334 comuneros en esa fecha), y sólo se presentaron 800 firmas, y después de examinarlas resultaron válidas sólo 600.

 Además, la “convocatoria judicial” la realizó un juez de paz sin competencia, pues conforme al artículo 43 del citado Reglamento quien debe hacerlo es el Juez de Paz del Distrito de Kañaris, sin embargo el Juez de Paz del caserío de San Cristóbal se arrogó dicha función. Se hizo una “convocatoria” para el día 8 de julio a las 10:00am. La reunión inició al mediodía, sin control de asistencia, sin padrón oficial de comuneros y con la participación de  apenas 250 personas.  Y es bien expresivo que a dicha reunión asistieron el gerente de la empresa Marco Marticorena Quevedo y el jefe de mina, Enrique Vernuy, junto a su séquito de lacayos y  fuerzas de choque.

 
Los asistentes a esa falsa asamblea autorizaron a la empresa el uso de los terrenos de la comunidad para actividades exploratorias mineras por tres años, fijando como pago por derecho real de uso la ínfima suma de S/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil nuevos soles), es decir, pretenden pagar doce nuevos soles mensuales por metro cuadrado de la tierra (por informe  del MINEM se sabe que el área de actividades es de aproximadamente 3450 metros cuadrados), para extraer muestras que por sí mismas tienen un valor mil veces mayor, algo totalmente lesivo a los intereses comunales.

 Campesinos en pie de lucha

 Los campesinos no se quedaron de brazos cruzados. La Junta Directiva de la comunidad realizó el 22 de julio del 2012 una auténtica Asamblea General Extraordinaria, declaró nula la denominada “asamblea general” del día  8,  dejó sin efecto los acuerdos tomados y  se ratificó en llevar a cabo la Asamblea General a voto secreto el del 2012, para decidir sobre el permiso a Cañariaco Copper Perú S.A. para exploraciones en los terrenos de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris. Concluida la asamblea general  del  día 30 de setiembre a la que asistieron diversas autoridades, la votación tuvo el siguiente resultado:

 
NO 1721
SÍ 106
BLANCOS 28
NULOS 57
TOTAL 1912

 Iniciadas las protestas el 5 de diciembre del 2012, la comunidad difundió mediante comunicado que la Asamblea General decidió no otorgar dicho permiso y considera que deben protegerse los maravillosos bosques húmedos, únicos en el departamento de Lambayeque, que resguardan una variada fauna y flora, diversidad que no puede destruirse por un proyecto minero.

 Según datos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) la cantidad de concesiones mineras en las regiones es la siguiente: Apurímac 55% del total de su territorio ha sido entregado a las empresas mineras, Cajamarca 45%, Moquegua 63.95%, La Libertad 47.46%, Arequipa 42.74%, Lima 41.11%, Tacna 39.88%, Ancash 38.98%, Huancavelica 38.45%, Ica 32.47%, Ayacucho 29.84%, Puno 24.53%, Lambayeque 23.21%, Piura 28,5%, Junín 24.6%; en el caso particular de Cañaris, es el 96.16%.

 
Es necesaria y justa la lucha del pueblo de Cañaris contra el despojo de sus tierras que es parte del plan de nueva acumulación originaria, por el respeto al derecho del pueblo a poseer, defender y decidir sobre la tierra. Asimismo, exigir a la Empresa Minera Cañariaco Copper Perú S.A. cumpla con pagar a la comunidad la suma de 170 millones de nuevos soles por concepto del ilegal usufructo del que se han beneficiado desde el año 2001 hasta la actualidad. Por la defensa del territorio comunal, exigir que la Empresa Minera Cañariaco Copper Perú S.A. también cumpla con pagar a la Comunidad 170 millones de nuevos soles de indemnización por los daños y perjuicios provocados desde 2001. Por la defensa de la producción nacional, trabajo para el pueblo y seguridad alimentaria, en consecuencia exigir que el gobierno regional y gobierno central habiliten partidas presupuestarias para desarrollar proyectos de desarrollo agropecuario en las zonas altas, medias y bajas de la comunidad. Por un nuevo marco constitucional para las comunidades campesinas y la economía nacional, que defienda cabalmente los territorios comunales y desarrollo de la agricultura como base de nuestro proceso económico, es decir por una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

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